La práctica de privar del derecho al voto a los delincuentes tiene sus raíces en las antiguas tradiciones griegas y romanas. Esas sociedades consideraban que la pérdida de los privilegios de voto era una parte apropiada de la llamada pena de “muerte civil” impuesta a quienes eran culpables de ciertos delitos graves. Muchas sociedades medievales también imponían castigos que incluían alguna forma de exclusión de los asuntos de la comunidad. La pena también puede provenir de la práctica en la antigua Inglaterra de confiscar los bienes de quien era condenado por cualquiera de los numerosos delitos castigados con la muerte.
A diferencia de los condenados en épocas anteriores, los delincuentes en los Estados Unidos no pierden propiedades ni otros derechos. Sin embargo, la privación del derecho al voto por delitos graves sigue muy vigente. En todos los estados excepto dos, una condena por delito grave aún resulta en al menos la suspensión del derecho al voto.
Como ocurre con la mayoría de los asuntos relacionados con los derechos de voto, si se debe imponer una pena de privación del derecho al voto y cómo hacerlo es principalmente una cuestión de la ley estatal, y una impugnación constitucional por el debido proceso a este poder fue rechazada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1974. Muchos estados impusieron una pena de voto de por vida, aunque sujeta a terminación en circunstancias raras y limitadas.
Las actitudes y las leyes comenzaron a cambiar a finales de la década de 1990. La privación del derecho al voto incluso se volvió noticia durante la disputada elección presidencial de 2000, con muchos analistas sosteniendo que si tan solo algunos de los 1.6 millones de delincuentes privados del voto en Florida hubieran podido votar, el resultado podría haber sido diferente.
A partir de 2017, aunque los detalles específicos varían de estado a estado, solo dos (Maine y Vermont) no imponen límites al derecho al voto de un delincuente condenado. Allí se permite votar incluso mientras se está encarcelado mediante voto por correo. .
Todos los demás estados revocan o suspenden el derecho al voto de un delincuente condenado. Solo unos pocos aún aplican la revocación de por vida, aunque todos requieren la reinstauración mediante orden judicial o indulto del gobernador. Varios también limitan la privación del voto de por vida a quienes son condenados por ciertos delitos violentos.
En los estados restantes, el derecho al voto se restaura automáticamente al:
Liberación. En catorce estados y el Distrito de Columbia, la privación del derecho al voto de un delincuente condenado termina al ser liberado del encarcelamiento. Un esfuerzo reciente para derogar un período de espera de dos años al que está sujeto este derecho en Nebraska no tuvo éxito.
Liberación y Finalización Exitosa de la Libertad Condicional (y, en algunos casos, de la probatoria) – Esta es la regla en California y otros veintiún estados.
En Florida, se está llevando a cabo un esfuerzo para reunir suficientes firmas para presentar ante los votantes en 2018 una enmienda constitucional que requiere la restauración automática al completar el encarcelamiento y, si corresponde, la libertad condicional y la probatoria. En la actualidad, la restauración solo es posible después de una espera de 5 a 7 años y la aprobación de la Junta de Clemencia Ejecutiva de Florida.
Los Esfuerzos de Reforma Continúan
Grupos como The Sentencing Project, Fair Vote, y la American Civil Liberties Union continúan presionando por reformas. Muchos defensores sostienen que la privación del derecho al voto es un anacronismo que tiene un impacto racialmente desproporcionado y debería ser eliminado. Si bien este tipo de eliminación total parece poco probable, siguen ocurriendo algunos cambios menores. Por ejemplo:
La legislación de 2016 en California restauró el derecho al voto de los reclusos en las cárceles del condado (pero no en las prisiones estatales o federales).
En 2017, la legislatura de Alabama modificó sus leyes para enumerar los delitos específicos que son la base de la privación del derecho al voto. La ley anteriormente disponía que se cubrían delitos indefinidos de “vileza moral”; la disposición se usaba ampliamente como medio para privar del derecho al voto a los ciudadanos afroamericanos.
Kerry L. Armstrong
