Ya sea que se trate de pruebas supuestamente plantadas, perfilado racial, un informe de arresto falsificado o una confesión obtenida bajo coacción, los abogados de defensa penal escuchan regularmente acusaciones de parcialidad y mala conducta policial. Si bien algunas afirmaciones de los clientes resultan exageradas o incluso completamente falsas, sabemos que un número significativo son creíbles. Por lo tanto, siempre mantenemos la mente abierta y escuchamos con atención y objetividad. También sabemos que si la historia del cliente parece ser cierta, es posible que esta no fuera la primera vez que el oficial actuó de manera indebida (incluso podríamos reconocer su nombre). Si podemos obtener pruebas de incidentes previos similares, estas pueden usarse en el tribunal para poner en duda la credibilidad del oficial.
Sin embargo, determinar si un oficial tiene tal historial típicamente significa que debemos ver si ha sido disciplinado por el departamento. Esto generalmente requiere acceso al expediente personal interno del oficial en el departamento. No es sorprendente que los departamentos suelan oponerse enérgicamente a divulgar el contenido de estos expedientes.
Privacidad Versus Debido Proceso
El deseo de proteger la privacidad de un oficial es legítimo, pero, como se estableció en el caso de la Corte Suprema de California de 1985, People v. Memro, debe equilibrarse con el derecho de un acusado a saber si el oficial que lo arrestó y testificará en su contra tiene un historial de uso de fuerza excesiva, coacción de confesiones u otra mala conducta. Si bien encontrar tales pruebas no siempre exonera a un acusado, la prueba de dicha mala conducta previa puede, no obstante, poner en duda la veracidad del testimonio de un oficial que realizó el arresto.
Los tribunales de California han abordado este conflicto caso por caso. El abogado del acusado primero debe presentar una llamada “Moción Pitchess”, que lleva el nombre del caso de la Corte Suprema de California de 1974 que estableció por primera vez los parámetros generales para tales solicitudes, Pitchess v. Superior Court. Luego, el tribunal celebra una audiencia de “causa justificada” en la que considera la relevancia de la información solicitada, así como los hechos específicos alegados por el acusado. Por lo general, ni el acusado ni el oficial que realizó el arresto testifican en esta audiencia, y se puede presentar una moción en el tribunal de menores.
Desde la Pitchess decisión, el procedimiento y los estándares para solicitar la divulgación de los registros de personal de un oficial de paz se han perfeccionado y codificado en el Código de Evidencia de California.
Para prevalecer en una moción Pitchess, el acusado debe presentar una declaración jurada que indique hechos específicos relacionados con las declaraciones en el informe del oficial que realizó el arresto y que proporcionen una defensa contra los cargos. Como lo estableció el Tribunal en People v. Noel, si bien la declaración jurada del acusado generalmente será adecuada siempre que afirme hechos “plausibles”, no se concederá una moción Pitchess basada en alegaciones vagas de conspiraciones entre numerosos oficiales para incriminar a un acusado. El tribunal también debe considerar si la información solicitada puede obtenerse de registros rutinarios que no sean de personal.
Si el juez determina que existe causa justificada, revisará el registro en privado para determinar su relevancia para el caso pendiente.
Como protección adicional de la privacidad del oficial, si el Tribunal ordena la divulgación:
‒ Debe estipular que los registros no pueden usarse para ningún otro propósito más allá del caso pendiente
‒ También puede emitir las órdenes adicionales que considere necesarias para proteger al oficial de “molestias, vergüenza u opresión”.
Kerry L. Armstrong
