En enero de 2018, el Los Angeles Times publicó un artículo que indicaba que 10,226 californianos permanecían en una lista de propietarios de armas de fuego que no deberían poseer armas de fuego, debido a problemas posteriores, y que ahora estaban descalificados. Las armas de fuego, según el artículo, fueron compradas legalmente, pero quienes están en la lista han sido condenados por delitos graves, han sido declarados mentalmente enfermos por el tribunal, o tienen órdenes de restricción en su contra por violencia doméstica.
La base de datos del Sistema de Personas Armadas y Prohibidas, implementada en 2006, compara a quienes compraron armas de fuego (legalmente) con una base de datos de personas condenadas por los delitos o situaciones antes mencionados, a quienes se les negó el acceso a la propiedad de armas de fuego de manera temporal o permanente.
El problema ha sido que la lista creció más rápido de lo que podía reducirse mediante las confiscaciones de armas de fuego puerta a puerta realizadas por agentes del Departamento de Justicia. Tampoco está claro si algunas de estas confiscaciones se realizaron mucho después de que quienes cumplieron su condena y recuperaron sus derechos sobre armas de fuego fueran eliminados, o debieran haber sido eliminados, de la lista.
Proposición 63, Aprobada en 2016
Como parte de la Proposición 63, votada en 2016 y aprobada, se incluyó la Ley de Seguridad para Todos de 2016. La ley exige que los distribuidores de armas de fuego y municiones realicen una verificación de antecedentes a cualquier persona que compre municiones, e instituye el período de espera de 10 días.
Además, no se podían vender cargadores que contuvieran más de 10 cartuchos de munición. Cualquier persona a quien le hayan robado un arma de fuego y/o municiones debe reportarlo de inmediato a las autoridades policiales o podría enfrentar una multa al descubrirse. Un borrador final de la ley se puede leer aquí para obtener más información.
Analizando un Escenario a Través de los Ojos de un Abogado de Defensa Penal
George Johnson (no es su nombre real), residente de toda la vida de California, tuvo una condena por un delito menor relacionado con una pelea en un bar en sus primeros años. Con la ayuda de su entonces abogado de defensa penal, pudo recuperar sus derechos de la Segunda Enmienda después de cumplir su condena.
Compró legalmente una pistola para tener en su casa con fines de defensa personal. Un día, mientras estaba haciendo las compras del supermercado, su casa fue robada y entre otros artículos le robaron el arma de fuego. Reportó la pérdida a la policía y esperaba que pudieran encontrar su arma, un revólver Taurus GP 100.
Mientras tanto, compró legalmente otra pistola para tener en su casa, ya que su vecindario estaba experimentando un aumento significativo de invasiones de hogares y robos. Unos días después, cuando alguien tocó a su puerta, descubrió a un equipo SWAT esperando para arrestarlo y retirar las armas de fuego de su hogar.
Su nuevo abogado de defensa penal se comunicó con su abogado anterior para confirmar que a George se le habían devuelto sus derechos, lo cual era cierto. El abogado también fue a la estación de policía donde George había reportado el robo y obtuvo copias del informe hecho sobre la declaración de George de la pérdida de su arma de fuego.
En los procedimientos judiciales preliminares, resultó que George, en algún momento, estuvo en la lista de la base de datos estatal de personas a quienes no se les permitía poseer armas de fuego, debido a su condena anterior. Sin embargo, la base de datos no había sido actualizada, dejando a George vulnerable a consecuencias legales de las cuales era inocente.
Tras una investigación más profunda, la información proporcionada por el tribunal mostró que el Taurus GP 100 de George había sido usado en un robo que condujo a un asesinato. Las suposiciones eran que George fue quien lo hizo, porque era el propietario registrado. Sin embargo, la fecha del robo fue mucho después del robo de su revólver Taurus de su casa y después de la fecha en que lo había reportado a la policía.
George ahora está considerando demandar al estado de California por la violación de sus derechos y por arresto y encarcelamiento injustos, debido a la culpa del estado.
Si le han retirado su arma de fuego y municiones el estado por razones falsas, llámenos de inmediato para una consulta. (619) 234-2300
Kerry L. Armstrong
